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Monday 11th of November 2019

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Honduras : 112 millones de lempiras de la Tasa de Seguridad no han llegado a centros de menores

Thursday 20th of June 2019 | Latin America, Honduras
El Heraldo
News

Nadie da razón de las obras en los centros de menores. El dinero sigue fluyendo en cantidades. Se aprueban 250 millones más para terminar centro de Jalteva

La Tasa de Seguridad desembolsó entre el 2014 y 2016 una cantidad de 112.5 millones de lempiras para mejorar las condiciones físicas de los centros de menores Renaciendo y Sagrado Corazón, en Tegucigalpa; El Carmen y Génesis, en San Pedro Sula, pero no hay mayores indicios de remodelaciones y reparaciones realizadas con esos fondos.

Asimismo, se aprobaron 23,975,100 lempiras para fortalecer la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), que en 2015 comenzó a operar como responsable de la administración y manejo de los centros de menores, en sustitución del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa).

Luego, ante la ingobernabilidad en los mencionados centros, principalmente en Renaciendo, el 4 de marzo de 2015, el gobierno creó el Comité Técnico Asesor para la Atención y Respuesta al estado de emergencia de los centros pedagógicos para adolescentes infractores.

EL HERALDO ha tenido acceso a documentos y resoluciones sobre el uso de la Tasa de Seguridad, documentos sobre los que el Estado ha puesto el sello de secretos.

En esta edición explicamos cómo salieron 112 millones de lempiras para reparar centros de reclusión de menores, pero que en realidad se ignora dónde fueron a parar.

Entrega

El 30 de junio de 2014, atendiendo el oficio DCM-554-2014 remitido por las autoridades de Derechos Humanos, Justicia y Gobernación, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) emitió la resolución 62-2014 ordenándole al Comité Técnico de la Tasa de Seguridad desembolsar 47,632,692.64 lempiras “para financiar los proyectos de remodelación y reconstrucción de los centros de menores Renaciendo, Sagrado Corazón, en Tegucigalpa; El Carmen y Génesis, en San Pedro Sula”.

La decisión se tomó con el argumento de que “los menores infractores subsisten en condiciones de hacinamiento, en estructuras carentes de vegetación, sin ventilación adecuada, con suciedad y oscuridad en los espacios destinados para dormir y el sistema eléctrico en mal estado, lo cual es un grave problema que de no atenderse pudiera resultar en una tragedia para los jóvenes que se encuentran allí albergados, así como también para el personal de custodia y administrativo, pudiendo repercutir en responsabilidad para el Estado de Honduras”.

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