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Wednesday 8th of July 2020

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Incompleta la aplicación de la Ley a menores infractores

Tuesday 30th of July 2019 | Latin America, Mexico
El Debate
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Ana Aguilar, fundadora y directora de proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal, asegura que los estados han sido quienes han tenido que auxiliar a la federación en dicha materia

A tres años de que se implementara la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en México, todavía no se ha logrado una corresponsabilidad entre las autoridades para el funcionamiento de la misma, sobre todo en veredictos relacionados con delitos federales, en prisión preventiva y en carpetas de judicialización.

Lo anterior fue destacado por Ana Aguilar García, directora de proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal AC, organización que por más de una década ha promovido en México el respeto a los derechos humanos en el sistema de justicia penal.

En entrevista para EL DEBATE, la especialista indicó, desde su experiencia, que la justicia para el caso de adolescentes siempre ha sido vista como un tema menor al cual no se le ha dado suficiente importancia, y la prueba de ello es que, a partir de la entrada en vigor de esta ley, no ha habido una competencia clara de un órgano que le dé seguimiento, quedando así bajo la responsabilidad de los estados.

Cifras oficiales

El Instituto de Justicia Procesal Penal presentó el Observatorio Libertad en Comunidad: A tres años de la Implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

En ese sentido, Ana Aguilar, también abogada por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México y maestra en derechos humanos por la Universidad de Europa Central, en Budapest, Hungría, explicó que entre los resultados del informe se muestra que todavía hay pendientes importantes para hacer efectivo este sistema: «Es muy importante que exista lo que llamamos integralidad; es decir, que todas las instituciones, tanto de justicia, como otras involucradas en el bienestar de adolescentes, niños y niñas, se coordinen y sean corresponsables de que el sistema funcione para que cumpla sobre todo con un fin que le llamamos el fin socioeducativo del sistema», apuntó.

Detalló que dicho sistema no tiene como fin castigar a los adolescentes por una conducta que hayan cometido, sino que espera que puedan aprender durante el proceso las consecuencias de sus actos y se les pueda hacer responsables por ello.

El que un adolescente incurra en un delito federal tampoco está plenamente llevado a cabo con el sistema integral de la ley.

 

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