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Lunes, 23 de Octubre de 2017

Sala de Prensa

El Senado brasileño debate la reducción de la mayoría de edad penal

Martes, 03 de Octubre de 2017
Justicia Juvenil en el mundo

El Comité de la Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ) del Senado brasileño ha pospuesto su votación sobre la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC 33/2012) que reduciría la mayoría de edad penal en el país de 18 a 16 años. 


La petición de la senadora Gleisi Hoffmann de posponer la votación dividió a los senadores, siendo finalmente aprobada. Originalmente programada para el 27 de septiembre de 2017, la votación sobre esta enmienda fue pospuesta y no podrá retomarse durante 30 días. 

La propuesta de enmienda permitiría que los tribunales juzguen a los niños de 16 y 17 años de edad como adultos, en casos de crímenes listados como ‘atroces’ bajo la Ley 8.072/1990: homicidio, daños físicos graves y daños físicos que lleven a la muerte, robo, extorsión, violación, atentado al pudor, y prostitución y explotación sexual de niños, adolescentes y personas vulnerables.

De acuerdo a la propuesta de enmienda, juzgar a un niño según las leyes para adultos requeriría la aprobación específica de la Fiscalía y de un tribunal especializado en casos de niños y adolescentes. También se requerirá probar que el niño es capaz de entender la naturaleza criminal de su delito.

En una carta abierta a los senadores Edison Lobão, Antonio Anastasia y Ricardo Ferraço (Presidente, Vicepresidente y Reportero de PEC 33/2012 del CCJ respectivamente), Maria Laura Canineu (Directora de Human Rights Watch Brazil), pidió el rechazo a la propuesta de enmienda, argumentando que solo incrementará la reincidencia y socavará los esfuerzos para reducir el crimen en el país, a la vez que violará las normas internacionales recogidas en tratados de derechos humanos ratificados por Brasil, incluyendo las de la Convención sobre los Derechos del Niño.

El OIJJ se opone firmemente a bajar la mayoría de edad penal en cualquier país por debajo de los 18 años, ya que esto impide priorizar el interés superior de los niños y adolescentes en conflicto con la ley. Por ello, instamos al gobierno brasileño a rechazar esta propuesta de enmienda.   


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