Casi todos los estados ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño (193 estados son parte) la cual garantiza un proceso justo y asistencia legal para jóvenes sospechosos. Por eso, el centro del problema no es la teoría sino la práctica. Aunque una inmensa mayoría de estados ratificaron la Convención e implementaron una legislación nacional de acuerdo con lo previsto en la Convención (lo cual sigue siendo insatisfactorio en muchos casos), fallan en cuanto a su cumplimiento. Hay varias razones por este fallo de cumplimiento, pero depende sobre todo del estado económico del país y la falta de información. Sería una situación ideal si cada sistema de justicia juvenil pudiera dar asistencia legal gratuita, pero debido a la pobreza hay a menudo otras prioridades.
Por un lado los menores tienen que ser informados sobre sus derechos, pero las autoridades públicas (sobre todo la policía y guardia) tienen que saber cómo comportarse con y tratar a menores delincuentes. En algunos países abusos y tortura son prácticas corrientes de la policía. Por eso tenemos que seguir diseminando las directrices de la Convención de los derechos del Niño entre todos los agentes que entran en contacto directo con jóvenes, es decir: policía, guardias, personal de prisión y de libertad vigilada, fiscales, defensores del pueblo, empleados de la fiscalía y jueces. También sería útil desarrollar un código claro de buenas prácticas para las autoridades públicas que tratan con menores que entran en contacto con la ley.
Trabajar con menores en conflicto con la ley es una tarea multidisciplinar al cien por cien. La mayoría de los niños pierden esos comportamientos y el hecho de que estos menores terminan en el sistema de justicia penal no beneficia a la sociedad. Por eso, aparte de obligaciones normativas, todas las autoridades que trabajan en el ámbito de la justicia juvenil necesitarían recibir una formación especial. La cooperación entre diferentes profesionales (policía, abogados, psicólogos, trabajadores sociales) también es muy importante porque los antecedentes sociales afectan mucho al comportamiento de los jóvenes. Solamente de esta forma podríamos dar un enfoque extenso que daría como resultado un trabajo restaurativo eficaz.
Como podemos ver globalmente, la situación de niños y adolescentes en conflicto con la ley está lejos de ser satisfactoria. Los sistemas de justicia juvenil tienen que evitar tachar a niños como delincuentes ya que esto podría ser una profecía auto cumplida. La ayuda inmediata de un abogado formado para estas situaciones podría cambiar su destino así como favorecer la integración social de los delincuentes menores. Una cosa es mejorar la legislación en vigor para cumplir con los criterios de la Convención sobre los Derechos del Niño; y otra cosa es la necesidad de hacer una investigación más intensa y extensa. Por consiguiente, sugerimos aumentar las iniciativas para trabajar en redes, así como, la colaboración en este tema para asegurar que la gestión de la justicia juvenil se realiza siempre en el interés superior del niño.
Suele ocurrir que niños y jóvenes que cometen un delito y entran en conflicto con la ley no están familiarizados con sus derechos. Sería útil desarrollar y distribuir folletos para jóvenes y sus familias explicando el derecho a asistencia legal y dando información práctica sobre cómo solicitar un abogado (de manera gratuita). Por eso es imprescindible desarrollar leyes, políticas y prácticas positivas, así como, mejorar el sistema de asistencia legal subvencionado por el estado para asegurar la disponibilidad de asistencia legal para todos los menores en todas las fases del proceso penal.
Dadas las dificultades económicas a las que se enfrentan muchos países cada día, hay una necesidad enorme de abogados que hacen parte de su trabajo voluntariamente. ONGs y otras entidades trabajando en el ámbito de la cooperación internacional podrían desarrollar programas de trabajo voluntario para abogados en países con una falta considerables de abogados. Aparte de eso, se recomienda prever formación para abogados y estudiantes de derecho sobre cómo representar a los jóvenes. La participación activa de una defensa independiente en todas las fases del proceso penal es esencial para asegurar el respeto del derecho del menor a un juicio justo. La presencia de un abogado independiente durante los interrogatorios puede ayudar también a proteger a los menores de abusos y agresiones y asegurar que no se les presione u obligue a declarar. La asistencia de un abogado sirve también para que se refleje los intereses del niño correctamente en cualquier decisión sobre la detención preliminar.
Creemos que es importante poner hincapié en que la mayoría de los estados no facilitan sus legislaciones nacionales en uno de los idiomas más comunes como es el inglés y no las publican en Internet tampoco. Por eso, es difícil encontrar una ley adecuada y en algunos casos, no éramos capaces de dar fuentes específicas de legislaciones nacionales, aparte del hecho que el acceso a legislaciones en Internet es limitado. Los informes del Comité sobre la Convención de NNUU sobre los Derechos del Niño podrían por ejemplo dar una lista de las fuentes respectivas de legislaciones nacionales, lo cual serviría como información muy útil para investigadores.
