Sin embargo el derecho a la defensa y la representación legal es fundamental. A los menores que no reciben asistencia independiente legal, no solo se les niega su derecho a hablar, sino que también sufren abusos, ya que a menudo son intimidados y no son conscientes de sus derechos los cuales, desde el punto de vista legal, son garantizados por la mayoría de los países en el mundo entero.
Nivel local: agentes de policía, tutores, etc. a menudo fallan en el cumplimiento con las normas internacionales sobre delincuentes juveniles.
Obstáculos económicos/sociales/culturales: recursos limitados des abogados (especialmente en países menos desarrollados) un enfoque conservador y severo en algunas culturas (culturas africanas indígenas, la sociedad asiática ).
Menores no entran en conflicto con la ley por su propia voluntad, sino como resultado de las pocas oportunidades que tienen para desarrollarse. Estas oportunidades son incluso más limitadas después de haber entrado en el sistema penal. Menores que corren el riesgo de entrar en conflicto con la ley suelen ser víctimas de abuso y negligencia, una educación indiferente e inadecuada por parte de los padres o dificultades económicas.
La historia de la delincuencia juvenil no relata nuestro éxito, sino nuestro fracaso como sociedad en construir un entorno de protección para nuestros menores.
La estigmatización de estos menores sirve más bien para excluirlos que para ayudarles en su reintegración.
Criminalizar a menores infractores solamenta aumenta las posibilidades de que se conviertan en adultos infractores en el futuro.
