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Jueves, 20 de Junio de 2019

Conferencia OIJJ

V Conferencia Bienal OIJJ - ¿Criminalidad o Exclusión Social? - Justicia para los Niños en un Mundo Dividido.

Recomendaciones

De acuerdo con las diferentes mesas redondas celebradas durante la Conferencia Internacional, el OIJJ desea solicitar a los gobiernos, a las agencias públicas y a las partes interesadas pertinentes tomar medidas en las siguientes áreas:

  • En estos tiempos de inestabilidad económica mundial, los Estados deberían prestar la debida atención a los segmentos más vulnerables de la sociedad: los niños y los jóvenes. Ya que a menudo en tales condiciones la criminalidad prospera, se deberían adoptar medidas que, por un lado, impidan a los niños que participen en actividades delictivas y que, por otro lado, reduzcan la reincidencia. Por ello, sería necesaria la adopción de reformas legislativas y políticas necesarias, concebidas para mejorar el sistema de bienestar infantil y asegurar una colaboración eficaz y una cooperación entre los diferentes sectores públicos, como la salud, la educación y la justicia.
  • Las evoluciones sociales y económicas contribuyeron a la aparición de nuevas formas de criminalidad y delincuencia juvenil. Cuando el acto delictivo ha tenido lugar, incumbe a los gobiernos la responsabilidad de elaborar estrategias que confronten estas nuevas tendencias penales, sobre todo poniendo un especial énfasis en los derechos de los jóvenes y de los niños. Deberían asegurarse que dichas medidas están basadas en datos fiables y bien informados a través un análisis comparativo. Para ello, se aconseja que los Estados miembros favorezcan la investigación y la difusión de los conocimientos entre las instituciones públicas, los académicos y la sociedad civil, tanto en el ámbito nacional como internacional.
  • Frecuentemente, los períodos de crisis económica son caracterizados por recortes financieros en los sectores públicos y en los campos relacionados con la justicia juvenil, y por la importancia excesiva concedida a las medidas punitivas tras una retórica política populista. Los gobiernos deberían resistir a tales tendencias y asegurarse que los derechos fundamentales de los niños y sobre todo, los jóvenes en conflicto con la ley, estén bien protegidos tanto en el derecho como en la práctica. Esto necesitaría el debido cumplimiento de las normas internacionales fundamentales relativas a los derechos del niño y la justicia favorable a la infancia. Así, es imprescindible que existan unos mecanismos eficaces para examinar y procesar las violaciones de los derechos de los niños y asegurar el cumplimiento de estos.
  • En un contexto de inestabilidad económica, el OIJJ es muy consciente de que los recortes financieros en los sectores públicos y sobre todo en el sistema de justicia juvenil, son a veces inevitables. Sin embargo, esto se debería considerar más bien como una ocasión para abandonar las políticas menos eficaces relativas a los jóvenes en conflicto con la ley y poner un mayor énfasis en medidas que aseguren ganancias a largo plazo y que optimicen los gastos. A este respecto, hay numerosas experiencias que demuestran la utilidad de la promoción de medidas alternativas a la privación de libertad en el sistema de justicia juvenil; los métodos de justicia restaurativa mediante un enfoque multidisciplinario. Dada la cantidad de recursos financieros asociados con la privación de libertad, así como, la inadecuación de esta medida para los niños y los jóvenes en conflicto con la ley, los Estados deberían utilizar la detención sólo como medida de última instancia.
  • También, es esencial promover las políticas favorables a la familia, sobre todo a las familias monoparentales y a las mujeres, por ejemplo facilitarles la reintegración en el mercado laboral después de pasar un periodo cuidando a sus hijos, promoviendo políticas elaboradas con el fin de hacer posible la integración en o la reintegración en el mercado laboral y recuperar la independencia financiera. En este sentido, los países de la Unión Europea deberían aprender de los países escandinavos y Francia, que aplican las mejores prácticas en materia de políticas familiares (con una importante inversión pública, un amplio abanico de medidas y servicios que respaldan a las familias, oferta de servicios para los cuidados de los hijos, una elevada tasa de empleo de las mujeres con niños pequeños, etc).
  • En el período de austeridad, los gobiernos deben luchar contra el impacto de la recesión sobre el bienestar de los jóvenes, poniendo en práctica medidas compensadoras que impidan a las familias y los niños empobrecerse. EL OIJJ advierte especialmente del riesgo de los recortes de los gastos en educación, subrayando la relación entre la inversión en educación y el crecimiento económico, la productividad y la reducción de la desigualdad social. El acceso a servicios esenciales de salud y a servicios sociales debe ser una prioridad con el fin de proteger a las personas más vulnerables, reducir las desigualdades sociales y luchar contra la exclusión social y la pobreza, y sobre todo la pobreza infantil. Asimismo, es vital asegurar el acceso a una educación de calidad, a una vivienda y a los centros de re-educación para jóvenes. Además, se debe prestar especial atención a los niños que pertenecen a familias indígenas, inmigrantes o refugiadas y que son más susceptibles de vivir en pobreza, enfrentarse con problemas y luchar contra la discriminación hacia miembros de su comunidad de origen.
  • Sin embargo, cuando la detención es inevitable, los Estados deberían asegurarse de que los derechos del joven en conflicto con la ley, a la ayuda médica, psicológica y el derecho de vivir una vida sin violencia, sean bastante protegidos tanto por ley como en la práctica, adoptando garantías adaptadas en las instituciones. Los beneficios sociales y económicos a largo plazo de inclusión social y profesional han sido ampliamente reconocidos en el mundo entero. Por consiguiente, se recomienda a los gobiernos utilizar ampliamente en centros de detención, los programas personalizados y globales que se concentran en la educación, la formación profesional y las intervenciones sanitarias. Tales medidas tienen un gran potencial para los jóvenes en conflicto con la ley, y garantizan su re-inserción en la sociedad, reduciendo el riesgo de reincidencia y así, y el delito en general.

 

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