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Sábado, 24 de Agosto de 2019

Conferencia OIJJ

Sistemas de Justicia Juvenil en Europa: Situación actual, tendencias de modelos aplicables y buenas prácticas

Conclusiones de la III Conferencia Internacional OIJJ

Conclusiones presentadas por el Sr. José Luis de la Cuesta Arzamendi,
Copresidente del Comité Científico y Director del Instituto Vasco de Criminología (IVAC)

1. Investigar y conocer mejor la realidad

La delincuencia juvenil y de menores suscita gran atención y preocupación social. Conviene promover y desarrollar investigaciones criminológicos y estudios suficientes que permitan, por ello, delimitar de manera adecuada su extensión e importancia, evitando, muy en particular, que con base en acontecimientos o hechos excepcionales -que en modo alguno reflejan la realidad de la amplísima mayoría de los hechos delictivos cometidos por menores y jóvenes- se propugnen importantes cambios de dirección y reformas urgentes y poco meditadas.


2. Bases compartidas y criterios comunes

A pesar de las diferencias existentes el examen detenido de los diferentes sistemas comparados pone de manifiesto la existencia de suficientes bases compartidas y criterios comunes que conviene potenciar. Esto parece especialmente relevante en el plano europeo, donde como algunas instancias comunitarias ya subrayan la construcción de un proyecto compartido de reeducación y reinserción de los menores delincuentes resulta particularmente necesario.


3. Modalidades de intervención

En lo que concierne a las modalidades de intervención, múltiples razones aconsejan dar prioridad a toda suerte de enfoques preventivos multifacéticos, así como la apertura de vías de derivación a todos los niveles de intervención sobre menores delincuentes, que permitan la resolución de los conflictos suscitados, en la medida de lo posible, evitando la intervención judicial. En este sentido, mecanismos como la mediación y otras modalidades de carácter reparador o restaurativo se presentan ampliamente como respuestas que la evaluación califica de muy adecuadas a múltiples hechos delictivos cometidos por menores, de aquí la necesidad de su promoción y desarrollo.


4. La cuestión de las edades

Cuestión que suscita muchos debates públicos es la de determinación de la edad mónima para la imposición de sanciones o medidas como consecuencia de la comisión de un delito. Frente a las constantes tentaciones de rebaja de la edad establecida, conviene recordar la exigencia de los textos e instituciones internacionales de que la edad mínima no sea demasiado baja y está siempre determinada por la ley. En este sentido, y en la línea de lo aprobado por el XVII Congreso Internacional de Derecho Penal, celebrado en 2004 en Pekín, las respuestas a los hechos delictivos (incluso graves) cometidos por menores de 14 años deberían encauzarse a través de los servicios sociales, que han de poder aplicar, cuando sean precisos, medios de contención oportunos bajo estricto control judicial. Por lo que respecta a los jóvenes mayores de 18 años y menores de 21, deberían establecerse sistemas que permitan la imposición de sanciones y medidas de menores cuando a la vista de su desarrollo y circunstancias particulares así proceda.


5. Respuestas

En el plano sancionador, las respuestas a los hechos delictivos de menores deben ser amplias, variadas y permanentemente sometidas a evaluación, de cara a su mejora y, en su caso, corrección de los defectos o insuficiencias observadas. Ha de concederse prioridad a las sanciones y medidas que pueden tener un impacto educativo, así como potenciar respuestas al delito cometido por el menor en la línea de la justicia restaurativa. Es preciso igualmente garantizar la participación de los menores y jóvenes en los procesos de imposición y ejecución de sanciones y medidas y tener en cuenta, en la medida de lo posible, los derechos y responsabilidades de los padres y tutores, cuya participación en los procedimientos y en la ejecución de las sanciones o medidas ha de potenciarse, salvo que vaya en contra del interés superior del menor.


6. Sanciones y medidas

La imposición y aplicación de sanciones o medidas, adaptadas a las circunstancias de cada caso, sin dilaciones indebidas y limitadas por la gravedad de los delitos cometidos (principio de proporcionalidad), deberían basarse en el interés superior del menor y atender a su edad, bienestar físico y mental, desarrollo, capacidades y circunstancias personales (principio de individualización), definidos a través de los pertinentes informes psicológicos, psiquiátricos y sociales.


7. Selección y formación personal

Cuantos trabajan con menores y jvenes desarrollan un importante servicio público que merece ser adecuadamente reconocido. Su apropiada selección, formación especial y condiciones de trabajo resultan esenciales a fin de garantizar equipos multidisciplinares caracterizados por la calidad de la atención y del cuidado que se precisan en la difícil tarea de responder a las distintas necesidades de los menores y ofrecerles modelos positivos de conducta.


8. Menores privados de libertad

Como los menores privados de su libertad son altamente vulnerables, es preciso intensificar los esfuerzos de aseguramiento de la protección de su integridad física y mental y bienestar. Contenido esencial de la intervención sobre menores delincuentes privados de libertad, los programas educativos y formativos han de adecuarse a su edad, sexo, características sociales y culturales, nivel de desarrollo y tipo de delito, deben ser consistentes con estándares profesionales probados a partir de la investigación e inspirarse en las mejores prácticas. De otra parte, debería prestarse una particular atención a las necesidades de los menores que hayan sufrido abuso físico, psíquico o sexual. Desde su mismo inicio, las estructuras de privación de libertad y los servicios y agencias que supervisan y asisten a los menores y jóvenes liberados trabajarón juntos con el fin de lograr su reinserción social.


9. Recomendaciones internacionales

Cuantos trabajan con menores y jóvenes desarrollan un importante servicio público que merece ser adecuadamente reconocido. Su apropiada selección, formación especial y condiciones de trabajo resultan esenciales a fin de garantizar equipos multidisciplinares caracterizados por la calidad de la atención y del cuidado que se precisan en la difícil tarea de responder a las distintas necesidades de los menores y ofrecerles modelos positivos de conducta.


10. Legislación - realidad

La investigación pone, por último, de manifiesto las importantes distancias entre los parámetros fijados por las normas y la realidad de la aplicación de las leyes en no pocos países. Las autoridades deberían dotar de recursos suficientes de medios y de personal a las instituciones de menores para extender las mejores prácticas de modo que se garantice que las intervenciones en las vidas de los mismos puedan sean realmente significativas. La falta de recursos no debería justificar nunca la falta de respeto de los derechos de los menores.

 

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