Nuevo informe sobre consecuencias colaterales para jóvenes en contacto con el sistema de justicia juvenil de Estados Unidos

Nuevo informe sobre consecuencias colaterales para jóvenes involucrados en el sistema de justicia juvenil de Estados Unidos

La Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos (NGA) ha publicado recientemente un informe en el que se analizan las consecuencias colaterales a las que se enfrentan las personas jóvenes en contacto con el sistema de justicia juvenil. La NGA llevó a cabo el estudio a través de una serie de llamadas y mesas redondas virtuales para reunir a expertos nacionales, estatales y locales con el fin de explorar las varias consecuencias a las que estas personas jóvenes se enfrentan.

El informe desglosa los tipos de consecuencias colaterales en dos sectores: inmediatas y a largo plazo. Ejemplos de consecuencias colaterales inmediatas son las sanciones económicas, la denegación de prestaciones públicas, la suspensión del permiso de conducir y la restricción de la posesión de armas de fuego. Las consecuencias a largo plazo incluyen las restricciones en la movilidad económica, la existencia de antecedentes penales y la pérdida de las redes de apoyo. El informe también examina los efectos tanto inmediatos como a largo plazo, que incluyen problemas en conseguir vivienda, empleo y educación (que a menudo se presentan a través de la pérdida inmediata de estos y luego una dificultad continuada para obtenerlos debido a los antecedentes penales de la persona joven), además del trauma y el estigma continuado que sufre la persona joven.

Para promover la reducción de estas consecuencias colaterales, la NGA ha identificado tanto reformas completas como políticas específicas, dirigidas a las partes clave de este ámbito, que incluyen miembros de las fuerzas de seguridad, la fiscalía, los medios de comunicación, la judicatura y el medio educativo. Las reformas sugeridas en el informe pretenden alentar un cambio en todo el sistema, incluyendo la colaboración multiagencia, la mejora de los sistemas de datos, el aumento de la edad mínima de responsabilidad penal y la mejora de los programas de reinserción. Las políticas específicas del informe alientan a responsables políticos a considerar modificar la legislación vigente en lo referido a la eliminación de sanciones económicas y la oferta de oportunidades educativas, entre otros.