El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil muestra su apoyo a la prohibición del castigo corporal y a la gran labor que se lleva a cabo desde la Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, iniciativa que forma parte de la Global Partnership and Fund to End Violence Against Children. Desde esta acción se realizan una amplia gama de actividades específicamente diseñadas para catalizar el progreso hacia la prohibición y eliminación universal del castigo corporal hacia la infancia.
El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en su Observación General Nº 8 (2006), define el castigo físico o corporal como "todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve", subrayando que es degradante en todos los casos, y que por lo tanto siempre se opondrá al interés superior de niños y niñas, sin importar el contexto o el motivo.
Igualmente recuerda que este castigo se opone a los principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño, citando su artículo 37, que obliga a los Estados a que se aseguren de que "ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", y su artículo 19, que requiere que adopten “todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental”.
El progreso en la eliminación del castigo corporal a nivel mundial ha sido constante e incremental desde que Suecia fuera el primer país que lo prohibió en todos los ámbitos, hace poco más de 40 años. Actualmente, en mayo de 2022, ya son 63 los Estados que han establecido una prohibición total del castigo corporal, y 26 más que se han comprometido a reformar sus leyes para lograr una prohibición legal completa en un futuro próximo.
Acabar con el castigo corporal es esencial para desarrollar sociedades pacíficas que respeten los Derechos Humanos, así como clave para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030, en particular el objetivo 16.2: “poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.” Sin embargo, hoy en día todavía el 86 por ciento de todos los niños y niñas viven en países donde es legal aplicarles el castigo corporal en al menos 1 entorno, siendo el más común su propio hogar.
El ámbito de la justicia es el que cuenta con más países que prohíben este tipo de castigo: 169 Estados lo han abolido como parte de una sentencia judicial, y 144 lo han prohibido como medida disciplinaria en instituciones penales. En comparación, 135 Estados lo han prohibido en el ámbito educativo, y sólo 63 en el hogar.
No obstante, no debemos olvidar el gran impacto que conlleva cualquier castigo corporal administrado en el contexto de los sistemas de justicia, no sólo debido a la gravedad del daño que se inflige, sino también porque se impone a personas menores que por definición están en una situación particularmente vulnerable, en alto riesgo de exclusión social, y quienes en muchos casos han padecido varias instancias de violencia durante su vida. En este sentido, cabe destacar que varios estudios vinculan el uso de disciplina violenta hacia personas menores con un mayor riesgo de desarrollo de conductas violentas e implicación en actividades delictivas a lo largo del tiempo, entre otros impactos negativos.
Estos niños y niñas precisan de sistemas de justicia que centren sus esfuerzos no en su castigo, sino en su rehabilitación y educación, para lograr que tengan una vida productiva, pacífica y gratificante en sociedad, lejos de comportamientos violentos y delictivos.
Con el fin de apoyar a los estados en el camino a la eliminación del castigo corporal en todos los ámbitos, la Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children ofrece muchos recursos sobre los pasos principales y las medidas esenciales a tomar. Así mismo, la Global Partnership and Fund to End Violence Against Children ofrece una amplia gama de recursos para la eliminación de toda violencia contra personas menores y financia muchas iniciativas de todo el mundo en este sentido. El OIJJ suma su voz a la petición de que todos los gobiernos introduzcan la prohibición del castigo corporal en la legislación para todos los ámbitos, y que provean suficientes medios para que su eliminación se haga efectiva en la práctica.