Mary Ann Scali es la directora ejecutiva de The Gault Center, donde trabaja con profesionales de la abogacía especializados en la defensa a jóvenes y con activistas que promueven la justicia para todos los niños y las niñas asegurando la excelencia en la asistencia legal a estos. Empezó a trabajar en el National Juvenile Defender Center (ahora The Gault Center) en el verano de 1996 como asistente legal, convirtiéndose en subdirectora en 2000 y directora ejecutiva en 2017.

The Gault Center es la única organización estadounidense comprometida exclusivamente con el apoyo, la educación y la promoción de profesionales de la abogacía que defienden a menores, con el fin de garantizar justicia a todos los niños y niñas. The Gault Center promueve respuestas legales justas y adaptadas a los derechos e intereses de niños y niñas, y busca garantizar que las reformas del sistema de justicia incluyan la protección de los derechos de la infancia, notablemente, el derecho a la asistencia legal.

En colaboración con el equipo de The Gault Center y líderes de la defensa de jóvenes, durante más de dos décadas Mary Ann ha ofrecido formación y asistencia técnica sobre la asistencia legal de la abogacía a jóvenes, realizando evaluaciones de este tipo de defensa a nivel estatal, trabajando en proyectos de reforma interdisciplinarios y desarrollando recursos y políticas para reforzar la defensa juvenil, promover el desarrollo adolescente y la justicia racial, y mejorar el acceso a la justicia para todas las personas jóvenes.

En Estados Unidos, país fundado bajo los principios de “libertad y justicia para todas las personas”, ¿cuál es el panorama actual de los derechos de jóvenes en relación a la justicia?

A pesar de ser una nación fundada bajos los principios de libertad y justicia para todas las personas, aún tenemos que alcanzar medidas efectivas e igualitarias para jóvenes en conflicto con la ley durante periodos críticos de la adolescencia. Tenemos la mayor tasa de privación de libertad de jóvenes del mundo, muchos de los estados no tienen fijada una edad mínima de responsabilidad legal, tenemos grandes disparidades raciales y étnicas en las decisiones legales, y aun así seguimos negando a la juventud el derecho primordial a la asistencia legal.

Estados Unidos destaca por su promulgación de leyes inefectivas y políticas que criminalizan a la infancia. En el resto del mundo, niños, niñas y adolescentes tienen la posibilidad de experimentar los límites de la independencia y explorar el desarrollo de su identidad sin enfrentarse a ser arrestados, esposados, cacheados, perseguidos y encarcelados. En cambio, en Estados Unidos más de 700.000 menores son arrestados cada año. Eso es casi 2.000 al día. Niños y niñas son imputados de comportamientos considerados disruptivos en su centro educativo más de 100.000 veces al año. Más de dos tercios de los casos que llegan a juzgados de menores son por delitos no violentos ni contra las personas.

A pesar de que las investigaciones muestran que el comportamiento juvenil es el mismo de forma consistente en todas las razas y etnias, la criminalización de jóvenes se acentúa en las comunidades con menos recursos. La población negra joven representa el 15% de la población joven de Estados Unidos, pero el 41% de la privada de libertad. De la misma forma, el número de jóvenes que viven en la pobreza ronda el 20%, pero se calcula que más de la mitad de los jóvenes que pasan por el tribunal de menores viven en la pobreza.

The Gault Center toma su nombre de la sentencia In re Gault (1967) de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que mandó a los estados garantizar que todos los niños y las niñas que se enfrentan a un proceso judicial cuenten con una representación útil de profesionales de la abogacía para defender sus derechos. Tras 56 años, ¿cuál es su perspectiva sobre la situación actual de la práctica de la defensa juvenil en los Estados Unidos?

A lo largo de estas casi seis décadas desde que la Corte Suprema garantizó la asistencia legal a niños y niñas en los tribunales de menores, los estados han descuidado de forma deliberada sus obligaciones de preservar sus derechos constitucionales, especialmente el derecho a recibir una representación legal efectiva y significativa. Los abogados defensores de jóvenes tienen una inmensa carga de trabajo, recursos y formación inadecuados y ejercen en juzgados punitivos que no reconocen los perjuicios de entrar en contacto con el sistema judicial. 

Por todo el país, muchos estados delegan en sus condados la prestación de servicios de defensa juvenil con muy poca, o ninguna, inversión estatal o supervisión. A veces, las jurisdicciones pasan la carga financiera a las personas jóvenes y sus familias, imponiendo una tarifa para que puedan acceder a su derecho constitucional a la asistencia legal. Cuando esto ocurre, frecuentemente renuncian a la asistencia legal sin garantías adecuadas o consentimiento informado.

Los derechos e intereses de las personas jóvenes quedan frecuentemente excluidos de las iniciativas de reforma judicial, ¿cómo ha contribuido The Gault Center al cumplimiento de los derechos constitucionales de la infancia?

The Gault Center ha evaluado el acceso y la calidad de la defensa de jóvenes en 29 estados y ha detectado que las infraestructuras para la defensa juvenil no cuentan con la inversión necesaria para asegurar la visión constitucional de la asistencia legal a las personas jóvenes. No obstante, la evaluación de cada estado ha generado cambios duraderos en las políticas y prácticas, que han fortalecido los derechos de la juventud. The Gault Centre también trabaja en estrecha colaboración con nueve regiones de defensa juvenil, y juntos apoyamos a abogados defensores juveniles a través de la formación, la asistencia técnica, y el desarrollo de la comunidad y de las relaciones. Hemos cultivado focos de excelencia en lugares donde nuestra comunidad de abogados defensores supera cada día barreras sistémicas y permite que haya el nivel de calidad de servicios de defensa que alguien desearía para su hijo o hija.

Para una defensa juvenil efectiva se requiere establecer un sistema que permita a los abogados defensores especializados facilitar de verdad que las personas jóvenes participen en su propia defensa. Debido a los orígenes racializados del sistema de justicia juvenil en este país, es necesario que los profesionales de la abogacía juvenil tengan preparación para combatir las injusticias raciales y abogar por la descriminalización de la infancia. Promovemos la especialización en la defensa juvenil a través de nuestro curso de 42 sesiones, el Youth Defender Advocacy Program. Se centra en el desarrollo juvenil y en la justicia racial y requiere una implementación interactiva que integre los conocimientos fundamentales con la práctica.

Dada la insuficiente inversión de Estados Unidos en los sistemas de defensa juvenil, ¿Qué recomendaciones u orientación ofrece The Gault Center sobre cómo pueden los estados mantener las promesas constitucionales de In re Gault?

Los sistemas de defensa juvenil efectivos deben apoyar la asignación temprana de asistencia legal, incluyendo el derecho a la asistencia durante el interrogatorio; la investigación independiente; la práctica rigurosa de mociones; la preparación cuidadosa de los juicios; la planificación innovadora de disposiciones y la representación continuada hasta que la competencia judicial termine.

En The Gault Center hemos creado una serie de materiales para apoyar a los estados y gobiernos locales en el desarrollo de sistemas de servicios de defensa juvenil que defiendan los mandatos constitucionales de justicia e igualdad. En 2016, publicamos “Defend Children: A Blueprint for Effective Juvenile Defender Services” para orientar sobre siete pilares básicos en los sistemas de defensa juvenil. Al alcanzar el 50 aniversario de In re Gault en 2017, realizamos un análisis del acceso de la juventud a la asistencia legal y creamos “Access Denied: A National Snapshot of States’ Failure to Protect Children’s Right to Counsel”, en el que se detallan cinco puntos decisivos en los que el acceso a la asistencia legal sigue siendo difícil de alcanzar. Además, hay poca concienciación o atención al hecho de que casi el 50% de las personas jóvenes son representadas por abogados contratados que ejercen en gran medida sin un apoyo o guía sistémicos. Hemos revisado las estructuras de los sistemas de defensa juvenil en los estados y hemos publicado “Broken Contracts: Reimagining High-Quality Representation of Youth In Contract and Appointed Counsel Systems” y una guía práctica de acompañamiento para apoyar a los estados en la mejora de sus sistemas de asistencia legal contratada.

El 60 aniversario de In re Gault será en 2027, tras casi seis décadas de deficiencias del sistema, ¿hay algún tipo de solución a las continuas privaciones de derechos constitucionales de las personas jóvenes?

Con motivo del 55 aniversario de In re Gault publicamos “Cause of Action: Fulfilling the Promises of Gault”, en el que subrayamos la autoridad del Departamento de Justicia de Estados Unidos para iniciar investigaciones de patrones y prácticas en las que los organismos gubernamentales violen sistemáticamente los derechos constitucionales de la infancia. En febrero de 2024 establecimos una serie de Estándares del Sistema Nacional de Defensa Juvenil, en los que yuxtapusimos los siete elementos de sistemas de defensa juvenil efectivos que propusimos en nuestra publicación “Defend Children” con acciones del Departamento de Justicia (DOJ) que han privado de derechos a las personas jóvenes. Estas acciones incluyen declaraciones de interés iniciadas por el Departamento de Justicia, así como investigaciones y acuerdos de solución que imponen a los estados la carga afirmativa de defender los derechos constitucionales de las personas jóvenes.

¿Cuáles son los objetivos de The Gault Center para los próximos años?

The Gault Center con nuestra comunidad estamos reimaginando el camino hacia una descriminalización de la infancia. Nuestros esfuerzos seguirán focalizados en movilizar a la comunidad de profesionales legales y promotores de la defensa de la juventud para luchar contra la injusticia, y al mismo tiempo centrarnos en la juventud más afectada por el sistema de justicia. En los próximos años estaremos comprometidos con la transformación del sistema de justicia a través de la implementación estratégica de nuestra reciente serie de Estándares del Sistema Nacional de Defensa Juvenil.

En los próximos meses publicaremos una guía del usuario de políticas y prácticas para acompañar a los Estándares del Sistema y proporcionar acciones concretas adicionales que abogados, activistas o cargos relevantes puedan realizar para hacer valer los derechos constitucionales prometidos hace décadas a las personas jóvenes. Además, estamos convocando audiencias por todo el país para poder demostrar de forma más completa los daños que el sistema legal causa a las personas jóvenes cuando se les niegan sus derechos constitucionales. Nuestra visión que respalda esta labor es trabajar por un mundo en el que las personas jóvenes estén libres de la injusticia sistémica y libres para modelar su propio futuro.