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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en colaboración con la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), publicó el 10 de abril un informe que denuncia la situación de miles de hombres, mujeres y niños privados de libertad de forma arbitraria e ilegal en el país, como consecuencia de sus vínculos tribales o familiares, o su supuesta afiliación política.

Los proyectos de ley del Senado 6160 y 6550 aprobados el pasado mes de marzo en el estado de Washington representan otro paso en los esfuerzos de los Estados Unidos para ampliar la jurisdicción del sistema de justicia juvenil, así como las opciones de uso de medidas extrajudiciales.  

El 21 de febrero, Human Rights Watch publicó un informe que denuncia violaciones cometidas por las autoridades somalíes en contra de los derechos de niños con supuestos vínculos con el grupo armado islamista Al Shabab, incluso la reclusión ilegal de estos niños y el enjuiciamiento como adultos en tribunales militares.

El 8 de marzo se celebró en Ginebra una reunión de expertos dedicada al Estudio Global de Naciones Unidas sobre las Niñas y Niños Privados de Libertad, co-organizada por el grupo de ONG para el Estudio Global y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH).

El comité directivo del proyecto coordinado por el OIJJ ‘Fortalecer los sistemas de justicia juvenil en el contexto de la lucha contra el terrorismo’ llevó a cabo una reunión con expertos que forman parte del Consejo Europeo de Justicia Juvenil, el 22 de febrero en Madrid.  El proyecto, cofinanciado por el Programa Justicia de la Unión Europea, aborda la situación específica de niños y adolescentes en casos de radicalización, extremismo violento y terrorismo, así como su protección bajo la legislación internacional y europea.

Una nueva comunidad de práctica ha sido creada en formato web como parte del proyecto ‘Fortalecer los sistemas de justicia juvenil en el contexto de la lucha contra el terrorismo’, financiado por el Programa de Justicia de la Unión Europea. Este proyecto aborda el tema de los niños involucrados en procesos de radicalización que conducen al extremismo violento y al terrorismo. Concretamente se centra en la acción tomada por los sistemas de justicia para prevenir y abordar esta problemática.    

Plan International presentó el 8 de febrero un estudio detallado del estado de los derechos de las niñas en la legislación internacional, intitulado ‘Girls' Rights are Human Rights’, que ofrece recomendaciones para proteger y promover estos derechos. La organización también ha creado un sitio web, ‘The Girls' Rights Platform’, concebido como un extenso conjunto de recursos en línea para fomentar estos derechos y proporcionar herramientas para mejorar la situación de las niñas en la legislación internacional, a la vez que poner de relieve los retos específicos asociados.

El 12 de febrero, la Universidad de las Naciones Unidas (UNU, un comité de expertos de la ONU), publicó ‘Cradled by Conflict: Child Involvement with Armed Groups in Contemporary Conflict’, un nuevo informe a partir de investigaciones de campo originales sobre tres estudios de caso relativos a conflictos. Este informe pone en duda la efectividad de esfuerzos antiterroristas cuya base son las motivaciones ideológicas de niños y jóvenes reclutados por grupos extremistas, y de hecho advierte que pueden ser contraproducentes.

Con vistas a una reunión clave de las instituciones de la UE y los Estados miembros sobre cuestiones relacionadas con la migración y el asilo el 21 de febrero, el Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño (CDN) instó a los países europeos a terminar con la detención de niños en el contexto de la migración. La legislación europea actual estipula que los niños migrantes y solicitantes de asilo pueden ser privados de libertad, pero solo como último recurso y si es en el interés del niño. 

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas publicó el 8 de febrero sus conclusiones sobre los informes presentados por los siguientes países durante su última sesión del 15 de enero al 2 de febrero en Ginebra: España, Guatemala, Islas Marshall, Islas Salomón, Palaos, Panamá, Seychelles y Sri Lanka.